El ex mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, no se entregará a la Policía Federal (PF) en Curitiba, tal como determina la orden de prisión expedida por el juez federal Sergio Moro, afirmó el ex presidente del Partido de los Trabajadores (PT), Rui Falcao.
De acuerdo a los sitios electrónicos de los diarios “Folha de Sao Paulo” y “Estado de Sao Paulo”, la declaración fue dada por Falcao al llegar a la sede del Sindicato de los Metalúrgicos del ABC en Sao Bernardo do Campo, donde Lula da Silva pasó la noche y permanece con aliados y abogados.
Simpatizantes al ex mandatario bloquearon la calle frente al sindicato, donde se concentra un gran número de militantes y miembros de movimientos sociales ligados al PT.
El ex presidente aguarda el resultado de una nueva petición de “hábeas corpus” hecha por su defensa, que será analizada por el ministro Felix Fischer, de la Quinta Turma del Superior Tribunal de Justicia (STJ).
NUEVO RECURSO LEGAL
La defensa del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado a 12 años de cárcel, presentó un nuevo recurso ante el Tribunal Superior de Justicia (STJ) para frenar el inminente ingreso en prisión del exlíder sindical. Los abogados de Lula entraron con un hábeas corpus ante el STJ (por sus siglas en portugués) después de que el juez de primera instancia Sergio Moro firmara el jueves el decreto de prisión contra el expresidente, confirmaron a Efe fuentes del despacho de abogados.
El Tribunal Superior ya había negado previamente un habeas corpus presentado por la defensa de Lula para evitar que el exmandatario fuera preso antes de agotar todos los recursos en instancias superiores.
Ese mismo recurso fue presentado por la defensa ante el Supremo, que la madrugada de este jueves también lo rechazó en una ajustada votación por 6 votos a 5, facilitando así la prisión del principal líder de la izquierda brasileña.
Ahora, la defensa de Lula cuestiona el decreto de prisión expedido la víspera por Moro al asegurar que contradice la sentencia proferida por el tribunal en segunda instancia que en enero aumentó su condena de nueve a doce años de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero.